(Article que es publica avui al Diario de Teruel)
“José Miguel Gràcia*
Cuatro años esperando que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del Estatut de Cataluña. Cuatro años de presiones y filtraciones interesadas, se mire como se mire. Siete ponencias sin acuerdo posible.
Un tribunal en estado precario: de sus doce miembros, a cuatro se les caducó el mandato hace casi dos años, a uno lo recusó el Partido Popular por puro interés político sin causas reales, otro miembro falleció, y como está pasando con los cuatro que hay que sustituir, no hay forma de ponerse de acuerdo los dos grandes partidos. Una vergonzosa irresponsabilidad, más del PP que del PSOE. Si esto no es manipulación del TC, ya me dirán lo qué es. Si todo lo sucedido dentro del TC no es un proceso de desprestigio de la institución, díganme lo que es.
A mi modesto entender, por pura responsabilidad política, no deberían haberse presentado los recursos, sobre todo el del PP i el del Defensor del Pueblo, después del largo proceso del Estatut de Cataluña por el Parlament, por las Cortes y después del refrendo del pueblo catalán. Esta primera inconveniencia, si hubiese florecido un poco la sensatez entre los que presentaron los recursos, se hubiera podido corregir con las retiradas posteriores de los recursos, a tenor del cariz de los acontecimientos, pero no ha sido así.
El primer error de bulto fue la admisión de los recursos por parte del TC. No me cabe la menor duda que otro gran error fue la admisión de la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por un trabajo de asesoría con relación al proyecto de Estatut, antes de ser magistrado: pura e interesada acción política por parte del PP. Fue un traspiés difícil de superar por el propio tribunal. Qué quieren que les diga, se me ocurre comparar al TC con un yogurt caducado. Supongo que al lector no le haría gracia comerse un yogurt caducado, en una gran parte, hace tanto tiempo.
Lo que pudo calificarse de interesados recursos de inconstitucionalidad, el tiempo y las circunstancias los han ido convirtiendo en innecesarios y en estos momentos, en sinrazones. ¿Cómo puede entender el ciudadano que, en un tema de tanta importancia, han podido mantener los magistrados posiciones tan dispares y casi al cincuenta por ciento en algunas ocasiones, tal como han contado los medios de comunicación con pelos y señales? De tal circunstancia se puede inferir que, de haberse producido las sustituciones en su tiempo y si no se hubiese recusado a uno de los miembros, las posiciones podrían haberse desequilibrado.
Dicho todo lo cual, mi conclusión es que si el TC dicta sentencia confirmando la constitucionalidad del Estatut, ¡cuanto ruido para nada! Si la sentencia declara inconstitucionales algunos de sus artículos, se producirá un hecho insólito en un país democrático: un tribunal intervendrá y rectificará la decisión de la soberanía popular, manifestada a través de un referendum legal. Supongo que de ser así, el proceso no acabaría aceptándose la sentencia sin más. Quiero pensar que como mínimo habría que volver a convocar a los ciudadanos catalanes para que ratificasen el estatuto rectificado, en un nuevo referendum. ¡Qué menos! Cualquier otro camino conduciría a lo impredecible. Los Estatutos también son normas constitucionales.
Con toda modestia, creo que la mejor decisión del TC debería haber sido la declaración de no competencia en el asunto, de acuerdo con el artículo 1º. 2 de la Constitución Española: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. O mejor todavía, la decisión más responsable del TC en estos momentos sería la dimisión en pleno de todos sus miembros.
El pasado día 24 de mayo, el President de la Generalitat de Catalunya, José Montilla pidió en el Senado la renovación de los miembros del Tribunal excedidos en su mandato, lo que no deja de ser una manera de alargar el proceso. Se tira el yogurt y se compra otro de sabor diferente. No faltan figuras retóricas por parte del PP y afines: “no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad del partido” y también en contrario que “lo que hay que hacer es cumplir todas las reglas de juego”. Mientras tanto el Estatut está plenamente vigente y en acelerado proceso de desarrollo a través de unas cincuenta leyes. Respecto de otros estatutos que contienen artículos similares al catalán, nadie osa reclamar su inconstitucionalidad. ¿A qué jugamos en este país? Y España sigue sin romperse.
No se si se tendrán en cuentas las peticiones de una gran parte de la sociedad catalana. No se si habrá sentencia, ni cuando, ni en que sentido, pero estoy seguro que de haberla, será peor que si no la hubiere. Al tiempo.
*Escritor”
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Lo Finestró 