
(Aquest ha estat l’article publicat el divendres passat a La Comarca. Al moment de publicar-lo vaig fer alguns retocs per actualitzar-lo)
“Votar no es sinónimo de democracia” y “si no hay leyes no hay democracia” se oye frecuentemente decir a los que están en contra del derecho a decidir de los catalanes. Si no reflexionamos respecto a estas dos frases hasta pueden parecer muy apropiadas y plenas de sentido común. Le hago al lector dos preguntas derivadas de las referidas afirmaciones: ¿De qué es sinónimo no votar? ¿Han sido democráticas todas las leyes? ¿Y si las leyes están en contra de los deseos de los ciudadanos o de un grupo importante de ellos? ¿Y si la Constitución, mejor aún, si la interpretación de la misma se convierte en un muro granítico contra el que choca la evolución social o política? Reflexionemos.
Cataluña se va alejando de España, incluso podría decirse que ya está lo suficientemente alejada como para tomar un camino diferente. Vayamos al meollo de la cuestión o del problema. Un 70 por ciento, o tal vez un 80 por ciento de ciudadanos de Cataluña quiere votar para decidir su futuro político. Además, no es arriesgado decir que más del 50 por ciento se inclinaría en estos momentos por la independencia. Y lo más destacable es que este segundo porcentaje va creciendo día a día. Por lo tanto, hay un grave problema político en España que ni la aplicación al pie de la letra de la Constitución y de las leyes lo van a solventar o evitar. Hablar de las causas o investigar los motivos que han conducido a la demanda catalana, creo que en estos momentos, es una pérdida de tiempo. Cuatro años atrás posiblemente hubiese producido algunos resultados que podrían haber frenado tal vez el crecimiento del anhelo independentista del pueblo catalán. Fuera de Cataluña las quejas o demandas catalanas eran, por lo general, sinónimo de insolidaridad, carentes de motivos y en contra de la ley.
Hoy estamos donde estamos: el próximo 9 de noviembre los catalanes quieren manifestar su opinión aunque sea mediante un procedimiento sustitutivo no vinculante de una consulta o referendum; los partidos soberanistas catalanes unitariamente o no, defienden esta consulta; la Assemblea Nacional Catalana, Omnium Cultural y un sin fin de asociaciones, verdaderas aglutinadoras de la voluntad ciudadana, empujan al Govern de la Generalitat y a los partidos, Por la otra parte: Rajoy y el Gobierno, enarbolando la Constitución y tras la suspensión preventiva de la Ley de Consultas y del Decreto de Convocatoria por parte del Tribunal Constitucional, no está muy seguro de lo que puede hacer ahora, pero amenazan y concentran sus razonamientos en “las leyes se han de cumplir” —ni podemos incumplirlas, ni queremos, se les escapa—; los medios de comunicación capitalinos echan leña al fuego, y a lo sumo algunos dicen que hay que negociar; en el PSOE, con su nuevo secretario al frente, se muestran igual de contundentes que el PP en contra de la consulta, pero añadiendo que son partidarios de reformar la constitución introduciendo el federalismo, lástima que no dicen como ni cuando. Hay que hablar mucho y acordarlo todo, dicen. Creo que es bien cierto, pero después de la consulta o de unas elecciones, añado yo. El PSC navega sin poder taponar todas las vías de agua, porque cada día se le abren de nuevas.
¿Si la cuestión catalana no es un problema político, alguien me puede decir lo que es? Creo sinceramente que no queda tiempo para terceras vías, tan predicadas y tan poco definidas. Si a esto añadimos la crisis institucional de España, el problema político se engorda por todos lados.
Y llegará el 10 de noviembre, o tal vez antes, y se planteará la convocatoria de unas elecciones “plebiscitarias” con una sola candidatura soberanista o no. En todo caso, los partidos soberanistas habrán de indicar claramente en sus programas el “qué” fundamental de sus propuestas —independencia unilateral o independencia pactada. Supongo que el resto de partidos harán otras propuestas. ¿No cree el lector que este largo camino sólo sirve para incrementar el número de independentistas?
No quisiera dejarme en el tintero unas preguntas, no por retóricas, menos importantes: ¿Qué derecho asiste a los catalanes para pretender cambiar el sistema político autonómico, cuando una gran parte de los españoles se sienten cómodos en él? ¿Si el movimiento recentralizador del PP no les produce desasosiego, para qué intentar frenarlo? Ergo, razona una gran parte de la sociedad catalana, ¡qué mejor solución para todos que tomar las dos naciones rumbos distintos! Como iremos en paralelo, confluiremos en la Unión Europea, concluyen. Y hay más de uno que está convencido que en el futuro seremos los pueblos más amigos y parecidos de Europa, eso sí, administrando por separado sus cosas y ejerciendo el poder político que no se haya transferido todavía a la Unión Europea. Algún osado incluso pensará que pueden haber segundas nupcias. ¡Qué imaginación tan desbordante!
José Miguel Gràcia
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