La cooficialidad es necesaria

Dijous passat l’Heraldo em va demanar un petit article opinant sobre l’esborrany filtrat de la Llei de Llengües, el qual surt publicat avui. El text enviat el podeu llegir a continuació

José Miguel Gràcia Zapater*

El pasado día 22, pudimos informarnos a través de este periódico del contenido del borrador de la tan necesaria Ley de Lenguas de Aragón. Uno nunca sabe si estas informaciones obedecen a deseos puramente informativos o a intenciones de crear polémica. Sea como fuere, ha sido Heraldo el que ha conseguido la información. Muy sucintamente daré mi opinión sobre los aspectos positivos y negativos que detecto en el conjunto.

Observo con mucho agrado que el catalán y el aragonés se definen como lenguas propias de Aragón. Aparece explícitamente la definición de Aragón como una comunidad trilingüe y por lo tanto queda excluida cualquier otra denominación que no sea la de castellano, catalán y aragonés. No cabe hablar, pues, de localismos acientíficos, producto de la desinformación o, lo que es peor, de ideologías políticas, ajenas a la lingüística.

Dentro de los aspectos negativos destacaré: la no cooficialidad del catalán y el aragonés en los territorios propios, desoyendo el precepto constitucional, en su artículo 2, apart. 3 (“Las otras lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas…”). Las medidas de protección de una lengua empiezan necesariamente por su aprendizaje en la escuela si se aspira a su papel como lengua vehicular, de lo contrario, en los tiempos presentes de grandes movimientos inmigratorios y de antropofagia de las lenguas dominantes, se abren las puertas de su extinción. Si la futura Ley de Lenguas deja a la voluntad de padres o alumnos, el estudio del catalán en la Franja y del aragonés en sus territorios, a los creyentes sólo les queda rezar, y al resto, ni eso.

Con referencia al Consejo Superior de las Lenguas, creo que su utilidad y éxito estará en función de su elección por criterios académicos y científicos, alejados de repartos de las formaciones políticas. Y además, sus decisiones técnicas habrían de ser vinculantes.

Las reacciones de las fuerzas políticas podrían resumirse así: para el PP, ni falta que hace la Ley y su análisis de la realidad, inexistente; en cuanto al PAR, muchos cargos con responsabilidades municipales y comarcales discrepan de la teoría de las mil lenguas que defiende la dirección; en el PSOE, algunos cargos confiesan privadamente que la Ley habría de ir más lejos; no me consta la posición de IU; y finalmente para la CHA, sin cooficialidad no hay Ley de Lenguas.

*President de l’Associació Cultural del Matarranya

(Si algú de vosaltres disposa del PDF de tot el  dosier que publica avui l’Heraldo, sobre la Llei de Llengües i me’l pot enviar, el publicaré)

Més de 5000 visites

Quan al desembre de l’any passat vaig penjar amb tota modèstia el primer post al bloc, no tenia altre desig de què uns quants amics o coneguts, el visitessin de quan en quan. Amb el transcurs del temps pogué assabentar-me de què el grup de visitants anava creixent. He de dir que els posts més visitats han estat els que feien referència a la llengua, a la querella del “cacao” i a la Franja en general. Moltes gràcies!, amics i visitants habituals i puntuals, perquè entre tots heu superat avui les 5000 visites. De fet us considero a tots amics.

La Llei de Llengues al diari La Comarca (Alcanyís)

El diari de La Comarca (Alcanyís) publica avui força informació sobre l’esborrany de la Llei de Llengües i les reaccions que ha produït entre els alcaldes dels Baix Aragó i Matarranya. Hi publica també un article del Natxo Sorolla i la carta oberta meua al President del PAR. A continuació teniu els PDF’s. Es possible que algunes imatges dels mapes no us surtin bé. El que pugui que es compri l’edició en paper.

la-comarca-2562008-1

la-comarca-2562008-2

la-comarca-2562008-3

la-comarca-2562008-31

El litigio en la justicia ordinaria

“Sobre els bens provenents de les parròquies de la Franja, avui publico al Diario de Teruel el següent article”

José Miguel Gràcia*

Siempre he defendido que la mejor solución del conflicto de las 113 obras de arte provenientes de las parroquias de la Franja y ahora en el Museu Diocesà de Lleida, habría de venir después de un largo período de negociación. Creía y creo que era y es el único camino para que ambas partes puedan sentirse relativamente confortables con la solución. Por animar a la negociación no he logrado que se me publique una sola línea del tema en los periódicos de la capital de Aragón, sí lo he podido hacer en éste periódico y en el otro del Bajo Aragón, lo cual me hace pensar que en esta provincia gozamos de mayor libertad de expresión.

He dicho más de una vez que el haber sobrevalorado innecesariamente el conflicto hasta su consideración como problema entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Catalunya, y más aún, entre Aragón y Cataluña, ha hecho de la disputa, entre dos obispados, una causa popular, por lo tanto, de casi imposible solución. Como toda reclamación de raíces centenarias, las razones de las partes son múltiples: las hay profundas y sutiles, dentro de un abanico histórico y jurídico, sin despreciar las políticas, y en este caso las político-eclesiásticas. Su evaluación no suele dar un resultado claro y menos aún de entendimiento popular. Por eso, siempre será mejor un acuerdo negociado, que tratarán de presentar como favorable a sus intereses cada una de las partes, que una sentencia de algún tribunal. Cualquier solución en que la que se hayan despreciado o minusvalorado las razones de una de las partes, tendrá mal final.

El acuerdo reciente de devolución entre los dos obispados llega tarde y sin participación de todos los protagonistas reales. El nuevo obispo de Lérida llega contento a su diócesis porque cree, así lo dice, que el conflicto ha entrado en vías de solución. Se olvida de que la gestión y, digamos, propiedad del Museu de Lleida es compartida por otras entidades. Vayamos a los hechos más recientes. Según se desprende de las declaraciones de los responsables directos del Museo, de las 113 obras, hay unas 30 que documentalmente se demuestra que fueron entregadas por las parroquias de la Franja en calidad de depósito de guarda y protección. Está bien claro, por lo tanto, quienes son sus propietarios: las parroquias, antes de la diócesis de Lérida y ahora de Barbastro-Monzón. En cuanto a las 83 restantes, siempre se han manifestado, tanto el Obispado de Lérida como el Museo que existe un grueso de documentación compuesto por cartas de pago de algunas obras, notas sobre compensaciones, donaciones más o menos documentadas i otros justificantes.

Dejando a parte todas las actuaciones anteriores, sentencias eclesiásticas, desacuerdos y acuerdos diocesanos, el hecho reciente a destacar y que puede dar un giro copernicano al conflicto, es la demanda que ha presentado la institución Amics del Museu de Lleida ante el juzgado número 4 de la ciudad. El juez José Luis Martínez se ha declarado competente en la materia. Hasta ahora, el conflicto se centraba en la devolución de las obras sin que las sentencias u órdenes de entrega al obispado de Barbastro justificasen la propiedad de las mismas, nudo gordiano del conflicto. Bien es cierto que aquellas sentencias eclesiásticas estaban destinadas a la resolución de un conflicto privado, convertido en público solamente con fines reivindicativos. La petición al Juez, José Luis Martínez, es ni más ni menos la siguiente: ¿quién o quiénes son los propietarios de las 83 obras de arte?

No entiendo muy bien por qué no ha sido más noticiable el hecho del desplazamiento del conflicto hacia la justicia ordinaria. Como era de esperar y ante la importancia del asunto, el obispado de Barbastro se ha personado en la causa. Las incógnitas son muchas respecto al tiempo en que se dicte sentencia, sobre cual será el tipo de propiedad que se establecerá, sobre cuántas obras serán declaradas en un tipo o en otro, cómo podrá ejercerse la propiedad, cuales serán los límites en el caso que los hubiere etc., etc. ¿Y en qué lugar quedarán las resoluciones de los tribunales eclesiásticos, incluidas las del Tribunal de la Rota? No sé si en la petición al Juez se reclama el derecho de usucapión, pero en fuentes cercanas al Museu de Lleida si se esgrime, y que consiste en la adquisición de un derecho mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley.

A fuer de repetirme hasta el infinito, creo que todas las partes implicadas, bien harían en sentarse en una mesa de negociación y buscar una solución. Siempre es tiempo de acuerdos. Para estos asuntos tan complejos, la justicia ordinaria tiene soluciones también, no obstante suelen ser a largo plazo y a veces las soluciones así mismo suelen ser complejas, o lo que es peor, soluciones muy claras en las que una de las partes queda en muy mal lugar. Negocien por si acaso.

Escritor*

pdf-el-litigioen-la-justicia-ordinaria

Membres del PAR a la Franja discrepen de la Direcció

Sobre l’esborrany de la Llei de llengües, filtrat per l’Heraldo, les bases del PAR estan dividides a la Franja i no donen suport ple a la guerra de noms del seu partit. El titular de l’Heraldo “El anteproyecto socialista de Ley de Lenguas suscita controversia y no satisface a casi nadie. Continua amb “El borrador del texto normativo es criticado con dureza por la oposición y ni siquiera logra consenso en el PSOE“. A partir del títol pareix que a ningú ha agradat l’avantprojecte i fins i tot al PSOE hi ha qui s’hi oposa. No és correcte el titular segons el contingut de l’article. Veieu el post del bloc de Natxo Sorolla.

Llegiu l’article de l’Heraldo

Una nova filtració de la Llei de Llengües

L’Heraldo de Aragón publica avui un resum del contingut de l’esborrany de la futura Llei de Llengües d’Aragó. En primer lloc vull fer patent els meus dubtes sobre les motivacions de l’esmentada filtració. Vol fer moure els partidaris d’una llei el més amplia possible o, contràriament, fer reaccionar als integristes contraris a qualsevol reconeixement del català o del aragonès? Jo no ho sé…, tal vegada ho sé. Sigui com sigui hem referiré a vola ploma als aspectes positius i negatius de l’esborrany filtrat.

Molt resumidament, com aspectes positius, s’haurien de destacar: la definició del català i del aragonès com a llengües pròpies d’Aragó, la definició explícita de l’Aragó com a comunitat trilingüe i la no acceptació de cap altra denominació en referència a les variants del català i del aragonès, impedint la bogeria de les mil llengües del PAR.

En quant als aspectes negatius cal esmentar-hi la no cooficialitat de les dues llengües minoritzades, per tant no s’hi fa cas del article 3, apartat 2 de la Constitució Espanyola que diu: “Les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts” Un altre aspecte, tal vegada el més greu, és la no obligatorietat a l’ensenyament. La decisió d’estudiar les dues llengües pròpies als territoris corresponents, la deixa per als alumnes o als pares. Són conscients els redactors del projecte, de les conseqüències d’aquesta voluntarietat en els temps presents de globalització i forta immigració?

Em queda per comentar la creació del Consell Superior de les Llengües. Per a emetre un judici haurà de saber-se la seua composició, les seues finalitats reals i fins on arribaran les seues competències. Malament si només és un òrgan consultiu, però pitjor encara si ha de decidir sobre qüestions lingüístiques.

Si voleu llegir la informació que publica l’Heraldo de Aragón cliqueu aquí.

El PAR i la lingüística

(Article que publica avui, dia 19, el Diario de Teruel a la columna Lo Cresol)

Benvolgut lector: què diries, si escoltessis que la direcció d’un determinat partit polític havia decidit que als ajuntaments on tingués majoria per a governar-hi o possibilitats de tirar endavant les seues propostes, a partir d’aquell moment, una sèrie d’actuacions referides a l’àmbit municipal, s’haurien de decidir mitjançant votació de la corporació municipal? La llista d’actuacions o assumptes, sense voluntat de ser exhaustiva, abastaria: 1. El percentatge de ciment que ha de contenir el formigó en totes les obres privades i públiques del poble. 2. La vacunació a les persones grans contra la grip. 3. La qualificació dels metges o metgesses per a poder exercir en tot el municipi. 4. El voltatge de la corrent elèctrica que ha de arribar a les cases del veïnat. 5. Els additius dels productes alimentaris. 6. La quantitat de clor per establir la potabilitat de l’aigua de boca. 7. La antiguitat dels restes arqueològics i monuments del poble. 8. El nombre de matèries del curriculum escolar per cursos, i el seu contingut. 9. La ortografia del nom del poble. etc., etc.

Estic segur que el lector pensaria que la direcció d’aquell partit havia embogit o era una innocentada pròpia del 28 de desembre. Comte, que la cosa va de bo: hi ha un partit polític a l’Aragó que sense establir una llista d’assumptes o decisions municipals a decidir per votació de la corporació, n’ha dit una de ben grossa per començar: la llengua que es parla a cadascun del municipis i òbviament el seu nom, s’haurien de decidir per acord de la corporació. Està ben clar que només es refereixen als pobles de parla catalana de la Franja i als de parla aragonesa. S’hi podria sumar aquesta decisió, amb tot “decòrum”, a la llista de les 9 que he transcrit anteriorment. Ningú ha fet entrar en raons a aquell partit, que es diu PAR, fent-los veure la grandària del disbarat…! Com es pot confondre la realitat històrica, i si més no, científica i acadèmica amb la democràcia municipal! Tal vegada, tots el senyors regidors són filòlegs, lingüistes o similars? Per demostrar-vos que no és un invent o una innocentada del mes de juliol, ja es va fer una mena d’assaig d’aquesta forma de procediment, quan es va establir per acord municipal, l’ortografia del nom del poble, així com l’innecessari de la retolació bilingüe, no fent cas de la Llei de Comarcalització, a alguns pobles de la comarca del Baix Aragó.

I si els partits polítics fessin cas als que saben de llengües… Més que problemes tindrien solucions.

José Miguel Gràcia

18a Trobada Cultural del Matarranya (Bergantes i Mesquí)

Aquest any, la Trobada Cultural tindrà lloc a la Sorollera, petita i agradable vila de les valls del Bergantes i del Mesquí. En nom de la Junta us animo a veure’ns, socis, veïns i visitants, el dia 9 d’agost en aquesta

“Vila menuda
vila ordenada,
vila tan llimpla
i tan obiarta”

Cliqueu aquí per a veure el programa

Manifest lingüístic separador

José Miguel Gràcia*

No sé si són conscients els promotors del denominat Manifest en defensa del castellà de les tensions i desafeccions que el document, i la seua publicitat, poden fer aflorar entre les comunitats o pobles d’Espanya amb llengua pròpia, diferent del castellà, i la resta de parla castellana. O tal vegada, en són més que conscients i per això l’han engegat. Hauran pensat: si a nivell de carrer van afluixant tant les tensions identitàries i reivindicatives com les oposades, s’han de sembrar noves llavors de confrontació, de fàcil i previsible germinació. El que em consta més d’entendre, però, és la decisió d’alguns intel·lectuals i il·lustrats de signar el manifest, ateses les incoherències que conté el document, així com les febleses intel·lectuals i la manca de respecte a les altres llengües espanyoles —als seus parlants, s’entén— malgrat que es digui tot el contrari.

La Constitució Espanyola diu que el castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat i que els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret a utilitzar-la. També diu que les altres llengües espanyoles seran igualment oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts. Implícitament està reconeixent la inexistència o la fragilitat d’una llengua comuna, sinó a què ve l’obligació legal de conèixer-la? Quan al manifest es parla de lengua política común, s’està admetent, en qualificar-la de política, que realment no és una llengua comuna de tots els espanyols. Malgrat que el castellà es comú a una majoria de ciutadans, n’hi ha uns altres —uns quants milions— que van aprendre les primeres paraules, van jugar, es van enamorar, si són creients, poden pregar, i poden viure i pensar en una altra llengua, que la senten com a pròpia. Com i per què han de dir que el castellà és la seua llengua comuna? Si ho fessin, seria com trair les seues arrels o perdre els orígens. I, a més, coneixen el castellà tan bé com els que el tenen com a llengua materna. S’han adonat d’aquest fet, els intel·lectuals que signen l’escrit? La Constitució obliga a conèixer el castellà a tots els espanyols i els atorga el dret a utilitzar-lo, però no diu que sigui la llengua comuna.

En el manifest es diu que són els ciutadans els que tenen drets lingüístics i no els territoris, i menys encara les mateixes llengües; aquesta afirmació és una lleugeresa que està fregant gairebé la incongruència. Per exemple, què els passa, als drets lingüístics dels castellanoparlants, quan es travessen les fronteres del regne d’Espanya? Una línia imaginària despulla els ciutadans de drets. I encara més, com es garanteixen en tot el territori espanyol, els drets lingüístics individuals dels que tenen per llengua pròpia una diferent del castellà, sota el principi de què els ciutadans són els poderejants dels drets? Per què no s’hi reivindiquen, en el document, aquests drets, donant exemple de coherència intel·lectual? Si les llengües no tenen drets, potser que la Constitució Espanyola no respecti els Drets Universals en atorgar al castellà el dret a ser conegut per tots els espanyols. El document qualifica d’atropellament a Catalunya, tant la immersió lingüística com tota la normalització, fent-hi tabula rasa de les conseqüències que la seua no aplicació produiria. Suposo que la feblesa de la llengua catalana, per exemple, en aquest món globalitzat, tant se’ls en dóna, o tal vegada l’augment de la seua feblesa és el desig més íntim. I com la immersió lingüística és avui una condició fonamental per a la protecció de la llengua, se’ls fan encara més insuportables als promotors del manifest, les raonables discriminacions en positiu. Em fa la impressió que els signants del document desconeixen com es gestionen els drets lingüístics en els països plurilingües. I per rematar aquest punt: més els valdria, als promotors i signants del manifest, pensar una estona sobre les conseqüències convivencials d’una societat de dues llengües separades que donarien lloc a dues classes socials també ben separades El que és un model a copiar per a altres països, pels bons resultats aconseguits, aquí és motiu de protesta de grups de persones suposadament força il·lustrades.

El paper de la llengua castellana i la seua importància per a totes les terres de l’Estat espanyol i fora d’aquest, és un fet que tothom reconeix, al marge de les altres llengües espanyoles, també oficials en cadascun dels seus territoris. No obstant això, la defensa d’una llengua comuna per la seua utilitat, força i universalitat, ens porta a fer un salt, brandant una raó més ferma i pràctica per defendre l’anglès o el xinès com a llengües més importants encara, universals i pràctiques per al futur en un món globalitzat. Podria una futura Constitució Europea obligar a conèixer l’anglès a tots els ciutadans de la UE, i suspendre, en el cas de Espanya, l’obligatorietat de conèixer el castellà? Sembla injust i allunyat de la realitat, per tant, algunes afirmacions del manifest són fora de lloc en fer-se ben palesa la seua inconseqüència.

Si allò que està succeint, envers la llengua castellana, a les Comunitats que en tenen una altra com a pròpia, fos tan greu com s’hi afirma o insinua, serien actes inconstitucionals, no? Llavors, bastaria reclamar l’aplicació dels preceptes constitucionals, però les coses no van pas en aquesta direcció. El que realment es desitja és un canvi en la Constitució. Els mateixos que es posen les mans al cap quan algun col·lectiu o Comunitat Autònoma reivindica petits retocs en la Constitució espanyola, ara són ells els que ho fan, demanant-t’ho al Parlament espanyol, sense motius, irreflexivament i, a més, en sentit oposat al que demana la protecció de les llengües minoritàries d’Espanya. Minorades es podrien anomenar, atès l’esperit del manifest.

Les afirmacions i demandes que s’hi fan són producte de creences i sentiments convertits frívolament en veritats inqüestionables. Als futurs signants del manifest, els recomanaria que des d’una elaborada anàlisi del fet lingüístic particular de cada territori, incloent-hi el punt de sortida, les polítiques aplicades, els resultats aconseguits en un entorn variable, l’acceptació dels ciutadans, el grau de convivència popular i el respecte a la cultura de l’altre, prenguessin el temps de reflexió necessari i després es decidissin.

Em permetrà el lector una petita frivolitat, després de la llista de raons més o menys feixugues, per rebatre d’entrada tot el manifest: coneixent el seu origen, vull dir els seus promotors, ens podem fer càrrec de la seua validesa i intencionalitat.

Deixem que les Comunitats vagin legislant ordenadament sobre l’oficialitat de les dues llengües, amb els seus coneixements i experiència, tenint en compte les circumstàncies del moment i les fragilitats reals de la llengua.

El Manifiesto por la lengua común és una declaració més política que lingüística, injusta, innecessària i ineficaç, amb arrels integristes que esdevenen gairebé sempre separadores, i que pot fer créixer els desitjos separatistes.

*Escriptor

NOTA: unes quantes de les idees expressades al llarg de l’article se’m van fer més paleses llegint l’article “Igualdad lingüística en España” d’A. Rossich, director de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona, i publicat a La Vanguardia.

La crisis que pagaremos todos

Article que em publica avui el Diario de Teruel (per a veure’l)