(Article publicat al diari La Comarca d’Alcanyís el 23 d’abril)
José Miguel Gràcia*
La palabra solidaridad, en este país nuestro, parece tener un significado muy particular por su reivindicación de forma unilateral, esto es, en una sola dirección. Cuando es utilizada estentóreamente por un pueblo, una ciudad, una comarca o una comunidad autónoma, por lo general, viene a significar, que los demás han de ser solidarios con el que ha levantado la pancarta solidaria. Todos los demás están obligados a ser solidarios con nosotros. En una sociedad moderna, el verdadero sentido de la solidaridad no debe confundirse, en ningún caso, con la caridad y mucho menos con la limosna, ni con la arbitrariedad, ni con el privilegio.
Nuestro país ha tenido a bien darse un sistema político, casi federal, que llamamos autonómico, compuesto por comunidades autónomas, nacionalidades (existe la palabra en el diccionario pero con un significado distinto del que se emplea), e incluso naciones, que así se les llama por el hecho de ser o querer ser diferentes, que tanto me da una cosa como la otra. Los Estatutos de Autonomía confieren diferencias importantes entre los ciudadanos de cada una de ellas. Si no fuese así, ¿qué sentido tendrían los Estatutos? No vale, pues, que se pontifique acerca de la igualdad de todos los españoles, o que el Gobierno Central actúe mediante leyes o decretos para igualar aquello que los Estatutos posibilitan que sea diferente. Salvados los derechos básicos comunes, no hay más remedio que admitir, que una comunidad puede dedicar más recursos, si su Estatuto lo permite, a la lengua, a un determinado segmento de la cultura, al bienestar, a la sanidad, etc., etc. que la diferenciarán de las otras comunidades.
Lo que importa realmente es la adecuada distribución de fondos del Estado, los cuales, sumados a los que pueda recaudar la propia comunidad autónoma, puedan hacer frente a las competencias que su Estatuto les confiere. La financiación es el meollo de la cuestión: más que hablar de solidaridad, hay que hablar de justicia y de derechos y obligaciones. Los criterios a aplicar en la distribución de fondos, habrán de ser variados, bien estructurados, racionales; en una palabra, justos. Dados los movimientos poblacionales, derivados de las corrientes migratorias internas y externas, y el desarrollo económico, o aquellos criterios distributivos se establecen adecuadamente, o correrán el riesgo de tener que ser revisados de tiempo en tiempo. La publicación de las balanzas fiscales, la mayor capacidad autonómica de recaudación y la transparencia total de las interprestaciones, son imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema de financiación. Las inversiones directas del Estado deberán cumplir la función equilibradora de los territorios, sin exageraciones.
Las expresiones: “todos los españoles somos iguales”, “todos tenemos los mismos derechos”, “autovías de dos carriles para todos”, “libertad en la elección de la lengua en la escuela de los hijos”, “agua para todos”, etc., suelen estar cargadas de demagogia y de motivaciones claramente políticas. Podríamos añadir a la lista de expresiones reivindicativas, otras de tono aparentemente humorístico, pero del mismo fundamento, y así decir: “ríos para todos”, “playas para todos”, “precio de venta de las viviendas igual en todas partes”, “las plusvalías urbanísticas para todos” “queremos ser iguales, pero diferentes” y tantas y tantas más.
Volviendo al tema del principio; recientemente se ha producido un verdadero ejemplo de solidaridad: la aprobación, por parte del Gobierno Central, de la toma de agua del Ebro, con carácter temporal y extraordinario, sobrante de la concesión del mini trasvase por compensación de uso, y para abastecer el área metropolitana de Barcelona hasta tanto no entre en funcionamiento la gran desaladora del Prat de Llobregat, o llueva suficientemente. Antes se hizo lo mismo en otras zonas del Mediterráneo. Cataluña esta atravesando el período de sequía mas largo desde hace más de sesenta años. A propósito del tema, el área metropolitana de Barcelona y después Zaragoza, son las partes de España en donde los consumos de agua por habitante son más bajos. Ante esta concesión de agua extraordinaria, si alguien levanta las banderas de “agua para todos” o se opone a la medida, aduciendo la prohibición de los grandes trasvases, se olvida del verdadero sentido de la solidaridad.
*Economista
