Recortes y responsabilidades

Article publicat a La Comarca  divendres passat.

                                                                           “José Miguel Gràcia

Convendrán conmigo que casi todos los gastos públicos, incluso me atrevo a decir, que todos los gastos públicos —administración central, autonomías, diputaciones, ayuntamientos…— han sufrido y están sufriendo un proceso de recorte profundísimo y en la gran mayoría de los casos indiscriminado. Como única meta o justificación de los hachazos reductores, blanden los gestores públicos, la reducción del déficit público, unas veces impuesta por los propios gestores públicos que quieren dar ejemplo de “buena gestión” y en otros casos para cumplir la política restrictiva y el objetivo de déficit que nos impone Bruselas, o nos “recomienda” el FMI, o nos obliga sotto voce la Troika. A los dirigentes europeos les trae sin cuidado la prioridad de los recortes, que estos conculquen derechos laborales o preceptos constitucionales, que las clases bajas o medias sean las más perjudicadas, que lo único que generen sea paro, o que hipotequen el futuro desarrollo del país. Lo importante es la reducción de la cifra final del déficit. Si a esto añadimos que el gobierno actual del Partido Popular y el de muchas autonomías comulgan con las ideas neoliberales, falsamente capitalistas en su sentido económico clásico, miel sobre hojuelas: los recortes generalizados e indiscriminados están servidos. ¿Dónde está la institución o los organismos estatales o autonómicos que defiendan a los ciudadanos de los desmanes que producen los indiscriminados tijeretazos de los gestores públicos? No hace falta que los busquen, ya que no existen. Es más, en el caso de existir, habrían sido los primeros en sentir en sus propias carnes los estragos del tijereteo presupuestario.

El instrumento principal que tiene la democracia para premiar o castigar a los gestores públicos se evidencia con toda su fuerza en el momento de depositar el voto en las urnas. Es el momento de juzgar las responsabilidades políticas de la gestión pública de los partidos y de confiar en las ofertas de los nuevos programas para el futuro. De todas maneras, no olvidemos que la realidad nos ha confirmado en multitud de ocasiones que no siempre la mala gestión, la corrupción y el incumplimiento de los programas electorales han sido castigados realmente por los ciudadanos.

A mi modo de ver, la responsabilidad política no debería agotarse con el paso por las urnas. Ni todo lo purifican éstas, ni todo lo juzgan. Las responsabilidades políticas solamente se pueden afrontar desde la ética, la decencia y, si me apuran, desde la vergüenza. Ante los casos evidentes de corrupción, de dejadez de funciones y de mentiras o medias verdades, es un escarnio el proponer nuevas leyes especiales y de transparencia para el futuro.

Hasta ahora no he hablado de las responsabilidades civiles o penales de los dirigentes políticos, gobernantes o no, que han de ser juzgadas por los correspondientes tribunales de justicia, como las de cualquier ciudadano. Falsa democracia es aquella que confía o exige de la justicia la depuración de las responsabilidades políticas. Una política judicializada es la perfecta tapadera de los políticos de muy poca ética, sobre todo cuando la justicia es excesivamente lenta.

El caso es que el abanico que se ha abierto de posibles responsabilidades de todo tipo de los gobernantes, producto de los recortes, es inmenso. No obstante, no va a ser fácil, por ejemplo, reclamar responsabilidades civiles o penales por las repercusiones futuras en el estancamiento económico y social, derivados de las drásticas reducciones de I+D. Pero lo que podría ser fácil, sería demandar a cargos públicos por inseguridad en los transportes públicos y vías de comunicación, por falta de inversiones adecuadas; por catástrofes probablemente evitables; por los medios humanos y materiales de la sanidad pública, clara y profundamente recortados; por la falta de medios en la seguridad pública policial, vigilancia y protección; y, por qué no, por los flagrantes incumplimientos constitucionales derivados de tanto recorte. Siempre a través de hechos concretos. Otro gallo nos cantara si así se hiciese. Una sociedad vertebrada en asociaciones cívicas privadas —vecinales, comunitarias, culturales, de consumo, de defensa de derechos, etc., etc.— ayuda, de forma más que evidente, al buen funcionamiento de la democracia cuando los partidos políticos y las instituciones públicas van perdiendo día a día la confianza de los ciudadanos. La sociedad española está necesitada de grandes cambios. No se puede vivir siempre de la “ejemplar” transición.”