La constitución, papel mojado

(Publicat al Diario de Teruel)

No pretendo que el lector se estudie la Constitución española entera para que pueda constatar la multitud de incumplimientos que se producen fundamentalmente por parte de los poderes públicos e instituciones. No cabe duda que algunos artículos se han convertido en meras utopías. Basta solo que acudamos al Art. 1, apartado 1: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Ahí queda eso, casi nada.

Fijémonos en el concepto de Estado social y encontraremos un montón de grandes incumplimientos. Podemos empezar por el Art. 7 sobre el papel de los Sindicatos y como ha quedado en la actualidad. Sigamos con el derecho a la educación del Artículo 5 (recortes y leyes inapropiadas), con el Art. 3 (sistema tributario falto de igualdad y poco progresivo), con el derecho al trabajo del Art. 35 (paro del 25 por ciento), con el Art. 40 sobre la redistribución de la renta (cada vez más desigualdad entre pobres i ricos), con el Art. 41 sobre la Seguridad Social (58 % de parados sin subsidio), con el 43 sobre la protección de la salud (recortes y copagos), con el 47 sobre el derecho a la vivienda (desahucios y retirada de protecciones), con el Artículo 49 sobre la atención a los disminuidos físicos (Ley de la Dependencia sin fondos), etc., etc. Pero la más significativa pérdida de derechos sociales la ha proporcionado la reforma del Art. 135, en la que se establece que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta” El colmo del incumplimiento del Estado social. No cabe la menor duda que este Artículo 135 es simple y llanamente anticonstitucional. Como pueden ver, la Constitución española es poco más que papel mojado por lo que se refiere a derechos sociales.

¿Qué podemos decir del Estado democrático de derecho? La retahíla de incumplimientos es más que suficiente para que a sus 36 años la Constitución se convierta también en papel mojado. El pluralismo democrático del funcionamiento de los partidos (Art. 6) es un brindis al sol. La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, una quimera. El artículo 18.3 que proclama el derecho a la intimidad, ¿en qué se va a convertir cuando el Ministerio del Interior pueda realizar escuchas sin autorización judicial? ¿Cuantas veces se ha utilizado el Referendum, que se establece en el Art. 92, para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la pérdida de derechos? La reforma exprés del Art. 135 bien podría haber sido objeto de consulta. ¿Qué Estado democrático tenemos que ha permitido la abundancia de casos de corrupción? El Gobierno actual del PP, de una gran mayoría absoluta, pero con un 30 % de los votos del censo electoral, ha hecho de su capa un sayo y no ha escuchado a la mayoría de la sociedad. Ha negado la pluralidad social, ha controlado los medios públicos de comunicación y parte de los privados. Ha “protegido” la cultura con un 21 % de IVA. Con relación a Cataluña, Rajoy no se ha movido ni un sólo milímetro de su posición, eso sí, blandiendo inmisericorde la Constitución. ¡Tan flexiblemente que se interpreta en algunos casos y tan sacrosanta e inmutablemente en otros! ¿Qué hubiese hecho el PSOE en su lugar? La inestabilidad, el descontento, la confusión y la pérdida de derechos caracterizan a la clase media y baja de la sociedad española de hoy. El descrédito de las instituciones alcanza niveles inimaginables hace pocos años.

Está en boca de muchos la reforma de la Constitución, aunque no es el caso de Rajoy ni del PP. La cuestión es que no se sabe hacia que lado se inclinaría si se realizase en estos momentos. Los sectores de la ultraderecha, dentro o fuera del PP, querrían aprovechar la reforma para llevarla a su terreno: cercenamiento de derechos civiles y sociales, recentralización del país desmontando al máximo del poder autonómico, restricción o prohibición del aborto y de los matrimonios entre homosexuales, entre otras contrarreformas. ¿Cuál es el poder real actual de los partidos progresistas o cual será en el futuro para emprender una verdadera reforma de la Constitución? Muchas veces se nos olvida, mal que nos pese, que corre todavía sangre franquista por la venas de un grupo importante de españoles. Se podrá discutir si son glóbulos rojos, portadores de las esencias patrias, o leucocitos, defensores del ataque de las ideas progresistas, o plaquetas para impedir el desmembramiento de la Patria, o abundante plasma. No olvidemos nunca esta circunstancia de cara al futuro. España también es así.